Derechos enterrados

Los conflictos de tierras en Colombia están protagonizados por el derecho; los cambios normativos, de la mano de los cambios en políticas, tienen efectos claros en la estructura y desarrollo de los conflictos, y por eso son un campo fértil para el estudio sociojurídico. Los ejemplos paradigmáticos son la ley de Tierras de 1936 y las leyes de Reforma Agraria de 1961 y 1968, que motivaron tanto la organización de los sectores campesinos como la feroz resistencia por parte de terratenientes y gremios agrícolas (Sánchez y Meertens, 1983; Meertens, 2000; Zamosc, 1987). Los conflictos presentados en este libro, ubicados casi todos en el siglo xxi, traen características nuevas a la historia de la lucha por la tierra, sin perder por ello la importancia de la ley. Si ya no los protagoniza la reforma agraria, sí lo hacen las normas de propiedad rural, los principios y derechos de la Constitución de 1991, y los derechos que a su sombra se han otorgado a las minorías étnicas, en particular, los derechos a la propiedad colectiva de la tierra y a la consulta previa. Los casos de este libro, si bien reproducen historias conocidas sobre la confluencia de intereses entre los actores armados ilegales y los protagonistas de la concentración de la tierra, tienen elementos poco estudiados en las décadas anteriores, como son la tensión entre la visión de desarrollo del Gobierno y la de las minorías étnicas, o los reclamos de los grupos vulnerables que pagan los costos del desarrollo representado en mega proyectos, como son la construcción de grandes represas y la expansión de la palma aceitera.